El pasado 15 de marzo de este 2021, el Tribunal de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) ha librado su sentencia sobre la detención y proceso de extradición a Estados Unidos de Alex Saab, Enviado Especial de la República Bolivariana de Venzuela, que fue arrestado en Cabo Verde mientras se encontraba en tránsito (ECW/CCJ/APP/43/20: Alex Saab vs República de Cabo Verde)
En su fallo el Tribunal de la CEDEAO ordena a las autoridades de Cabo Verde la inmediata puesta en libertad del Sr. Saab, cerrar el proceso de extradición iniciado por Estados Unidos y proceder a su reparación económica.
Los abajo firmantes solicitan a la República de Cabo Verde que cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, ya que el respeto a las cortes internacionales de tutela, garantía y protección de derechos es fundamental para garantizar una comunidad internacional respetuosa con el individuo.
La Carta de San Francisco de 1945 estableció en su artículo 1.3 como objetivo de la comunidad internacional: “el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos”. Desde entonces han nacido un elenco de tratados internacionales de protección de derechos humanos. Además, de igual forma, han surgido un conjunto de organismos de protección de los derechos humanos a lo largo y ancho del mundo.
En este sentido han destacado las cortes regionales de protección de derechos humanos. Ejemplo de ello son el Tribunal Europeo para la protección del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, o la Corte Interamericana de Derechos Humanos para garantizar el cumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969. Sin ningún género de dudas sus sentencias son de obligado cumplimiento para los Estados.
En África, el Tribunal de la CEDEAO se ha erigido como un órgano judicial fundamental para la tutela de los derechos humanos en los Estados parte. Y en el marco de sus competencias, el pasado 15 de marzo dictó una sentencia que la República de Cabo Verde debe cumplir.
El principio “pacta sunt servanda” y la buena fe internacional son de obligado cumplimiento para la República de Cabo Verde. Máxime cuando están en juego derechos humanos, espacio de especial protección para el ordenamiento jurídico internacional.
Desatender esta decisión de la Corte de ECOWAS pondría a la República de Cabo Verde en la senda de los Estados rebeldes, incumplidores, y aislados de la estructura internacional de protección de derechos humanos.
FIRMA LA PETICIÓN
José Elías Esteve Moltó
Doctor en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales (España).
Denis Racicot
Exrepresentante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Canadá).
Boaventura de Sousa Santos
Catedrático en Sociología del Derecho (Portugal)
Yudith Rolón
Ex Directora de la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación (Paraguay).
Luis Hipólito Alén
Director de la Licenciatura en Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús (Argentina).
Patricio Pazmiño
Ex-Presidente de la Corte Constitucional de Ecuador y actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Ecuador).
Carlos Poveda Moreno
Ex Juez Penal Ecuador, Docente Universitario, Consultor en DDHH, Asesor organizaciones indígenas Ecuador.
Tarso Genro
Ex-Ministro de Seguridad, Educación y Justicia, y exgobernador de Rio Grande do Sul (Brasil).
Carol Proner
Abogada, Doctora en derecho internacional, Professora de la Universidad Federal de Rio de Janeiro - UFRJ (Brasil).
Gisele Ricobom
Doctora en derecho internacional, Professora de la Universidad Federal de Rio de Janeiro - UFRJ (Brasil).
Larissa Ramina
Doctora en derecho internacional, Professora de la Universidad Federal de Paraná -UFPR (Brasil)
Paulo Vanuchi
Ex-ministro de DDHH de Brasil, Ex-Comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Brasil).
Víctor Rodríguez Rescia
Presidente del Instituto Nacional de Responsabilidad Social y DDHH de Costa Rica.
Fabián Salvioli
Director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de La Plata (Argentina).
Hernán Hormazábal Malarée
Ex Presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (Chile)
Guillermo Portilla Contreras
Catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Jaén (España).
Miguel Matías
Abogado Direito Penal e Compliance (Portugal)
Rutsel Martha
former General Counsel and Director of Legal Affairs of the International Fund for Agricultural Development and INTERPOL
Geraldo Almeida
Professor Universitário & Advogado (Portugal)
José Manuel Pinto Monteiro
Senior Lawyer and Lead Counsel (Cape Verde)
Baltasar Garzón
Ex Magistrado de la Audiencia Nacional y abogado experto en Derechos Humanos (España)
Femi Falana (SAN)
Lawyer and Human Rights Activist (Nigeria)
Eugenio Raúl Zaffaroni
Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Argentina)
Christophe Marchand
Criminal Law attorney (Belgium)
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