La defensa de Alex Saab, considerada la frente del presidente venezolano, Nicolás Maduro, apeló hoy ante la Corte Constitucional de Cabo Verde, suspendiendo así la decisión de la Corte Suprema, de extradición a los Estados Unidos de América (EE. UU.).
La defensa de Alex Saab, quien teniendo pasaporte diplomático, fue detenido en Cabo Verde en junio, dijo que el recurso invocó "inconstitucionalidades cometidas durante todo el proceso y en aplicación de las normas sobre la aplicación del derecho internacional ".
La defensa manifestó que en el presente recurso de apelación a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Cabo Verde, que el 17 de marzo autorizó la extradición a Estados Unidos, se encuentra también la violación de las normas de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental ( CEDEAO), "pena, reciprocidad y especialidad, sin perjuicio de todo lo relativo a la condición de enviado especial, inmunidad diplomática e inviolabilidad personal", señaló el portal www.sapo.pt.
“El recurso tendrá efecto suspensivo sobre la marcha del proceso de extradición y la ejecución de la decisión”, explica la defensa.
Alex Saab, de 49 años, fue detenido el 12 de junio de 2020 por las autoridades caboverdianas, durante una escala técnica en el Aeropuerto Internacional Amílcar Cabral, en la isla de Sal, con base en una orden emitida por Estados Unidos, cuando regresaba de un viaje a Irán en nombre de Venezuela, como "enviado especial".
La defensa de Alex Saab ya había solicitado sanciones de la CEDEAO el miércoles contra representantes de Cabo Verde, incluyendo al presidente y el primer ministro, por incumplimiento de la decisión del tribunal regional de detener la extradición.
En un comunicado enviado previamente, la defensa de Alex Saab explica que se presentó "una moción" al Tribunal de Justicia de la CEDEAO "solicitando a la Autoridad de Jefes de Estado y de Gobierno" de esa organización que imponga sanciones.
Añade, que la moción pide que "imponga sanciones a la República de Cabo Verde" por "incumplimiento de sus obligaciones como Estado miembro de la CEDEAO" y que "cumpla con la sentencia vinculante" de ese tribunal, de 15 de marzo, ordenando la liberación de Alex Saab y deteniendo el proceso de extradición, mientras tanto autorizado por el Supremo caboverdiano.
La defensa pidió a la organización que "imponga sanciones a los funcionarios del gobierno de Cabo Verde responsables de violaciones de derechos humanos", buscando, explica, "establecer una prohibición de viajar en todos los estados miembros de la CEDEAO" contra el presidente de la República, Jorge Carlos Fonseca, el El Primer Ministro, Ulisses Correia e Silva, los Ministros de Relaciones Exteriores, Rui Figueiredo Soares, del Interior, Paulo Rocha, de Justicia, Janine Lélis, y el Fiscal General de la República, Luís José Landim, además de la familia de todos.
A su vez la moción contiene solicitudes de diversas medidas financieras, como la suspensión de nuevos préstamos de la CEDEAO, el desembolso de proyectos o programas de asistencia en curso en la CEDEAO para Cabo Verde, la exclusión de la presentación de candidatos para puestos estatutarios y profesionales del acusado en CEDEAO, la suspensión de los derechos de voto en la CEDEAO y la participación en las actividades de la CEDEAO ”, explicó la defensa.
El arresto de Alex Saab colocó a Cabo Verde en el centro de una disputa entre Venezuela y la presidencia de Estados Unidos.
Alex Saab se encuentra bajo arresto domiciliario en la isla de Sal desde enero, bajo fuertes medidas de seguridad.
El Tribunal de Justicia de la CEDEAO ordenó el 15 de marzo la "liberación inmediata" de Alex Saab, instando a las autoridades caboverdianas a detener la extradición a Estados Unidos.
Vale mencionar que, el tribunal de la CEDEAO sentenció que la detención de Alex Saab fué ilegal cuando, mientras el enviado especial y con pasaporte venezolano, realizó una escala técnica para repostar combustible en la isla de Sal fue detenido, considerando la misma como una violación de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.
En esta decisión, la Corte de Justicia de la CEDEAO ordena la "liberación inmediata" del empresario colombiano y el pago por parte de Cabo Verde de 200.000 dólares como "indemnización por el daño moral sufrido como consecuencia de su detención arbitraria y detención ilegal".
Sin embargo, las autoridades caboverdianas, a saber, la Fiscalía General, han manifestado anteriormente que no están obligadas a cumplir las decisiones de ese tribunal regional, ya que Cabo Verde no ha ratificado el protocolo que les otorga jurisdicción sobre Derechos Humanos.
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