Carta abierta al pueblo de Cabo Verde por el embajador Alex Saab

 

Fragmento de la carta de Alex Saab al pueblo caboverdiano / Foto: Cortesía Johan Pérez

“Hermano pueblo de Cabo Verde, estoy muy agradecido por sus expresiones de apoyo durante el último año y especialmente esta última semana. Está claro que hay muchas cosas sobre lo que ha ocurrido durante el último año que muchos de ustedes desconocen y, si fuera por el Fiscal General, nunca se enterarían. Por lo tanto, permítanme que les hable más de mí y de cómo yo, un diplomático legalmente nombrado, he sido secuestrado bajo instrucciones de los Estados Unidos.

Toda mi vida he sido un simple empresario. Mis padres llegaron a Colombia en los años 60 desde el Líbano. Eran gente corriente, pero con mucho trabajo y esfuerzo construyeron un exitoso negocio textil. Mis padres nos inculcaron, a mis hermanos y a mí, los valores tradicionales de respeto, justicia, ética del trabajo y fe en Dios. A los 18 años fundé mi propia empresa. Antes de aceptar un cargo público en abril de 2018, mis empresas en diferentes sectores han creado decenas de miles de puestos de trabajo no solo en Venezuela sino también en otros países.

El 12 de junio, despegué de Caracas, Venezuela, en una misión humanitaria como Enviado Especial de Venezuela, nombrado desde abril de 2018.

Tuve la humildad y el honor de ser designado como Enviado Especial de la República Bolivariana de Venezuela en abril de 2018. El papel era ayudar a Venezuela a superar el vicioso e inmoral bloqueo económico impuesto unilateralmente por los Estados Unidos. El presidente Maduro me confió este singular honor porque había demostrado a lo largo de muchos años que se podía confiar en mí para cumplir con los contratos del gobierno a tiempo y dentro del presupuesto. Gran parte de mi tarea consistía en establecer nuevas relaciones comerciales y financieras para reemplazar las que se habían perdido por la amenaza de las sanciones estadounidenses y el acoso directo.

Los Estados Unidos consideraron esto como una «evasión de las sanciones», pero la realidad era que se trataba de una cuestión de seguridad y de interés nacional para el gobierno del presidente Maduro y, por lo tanto, tenía un derecho del mil por ciento a hacer lo que fuera necesario para garantizar el bienestar del pueblo de Venezuela.

No somos responsables ante los Estados Unidos, nadie ha designado a los Estados Unidos para ser el policía del mundo y, desde luego, no tiene derecho a interferir en los asuntos internos de Venezuela. Para garantizar que pudiera cumplir lo que se me pedía, como Enviado Especial, tendría derecho a la inmunidad e inviolabilidad que me permitiera moverme libremente por el mundo, tal y como han hecho los diplomáticos y agentes políticos durante siglos. Posteriormente, fui nombrado Embajador ante la Unión Africana.

Deben entender que el papel de los enviados especiales no es exclusivo de Venezuela. No debe sorprender a ninguno de ustedes que el país que más Enviados Especiales ha nombrado sea Estados Unidos.

Ese día, el 12 de junio, cuando me encontraba en una misión humanitaria especial en la República Islámica de Irán, y el avión en el que viajaba fue debidamente autorizado por Cabo Verde para aterrizar y repostar, durante estas paradas técnicas, nadie baja del avión, sin embargo un cabo inspector llamado Natalino Correia casi me saca a golpes del avión diciéndome que había una orden de detención contra mí.

Una orden que nunca me mostró e incluso cuando me identifiqué ante él como Enviado Especial con inmunidad diplomática, lo ignoró y me encerró en un calabozo.

Pocas horas después de mi secuestro, los gobiernos de Venezuela y de la República Islámica de Irán, una vez informados, confirmaron al gobierno de Cabo Verde por vía diplomática mi condición de Enviado Especial. El Fiscal General de Cabo Verde ha esperado un año para «descubrir un error», pero aquí hay una clara evidencia de que no en un año, ni en meses, ni en semanas, ni en días, sino en unas pocas horas Cabo Verde fue notificado formal y oficialmente de un gran error y deliberadamente decidió no hacer nada.

Esto demuestra, por encima de todo, que cuando los funcionarios de su gobierno afirman que el asunto de mi extradición está en manos de los tribunales no están siendo sinceros. El Primer Ministro Ulisses Correia ha hecho de mi arresto, detención y extradición un asunto político desde el momento en que me bajaron del avión.

Una vez que Cabo Verde y Estados Unidos supieron que yo era un agente especial legalmente nombrado, sabían también que tendrían una gran batalla legal en sus manos. Se dieron cuenta de que su mejor esperanza era someterme a golpes y evitar las consecuencias legales de haber detenido a un diplomático con inmunidad e inviolabilidad.

Natalino Correia hizo caso omiso de los documentos diplomáticos que llevaba conmigo y, tras arrojarme a una celda cerrada y sin ventanas, participó o se mantuvo al margen mientras me torturaban aquella primera noche del 13 de junio, para obligarme a firmar una «aceptación voluntaria de una orden de extradición». Me amenazaron de muerte si hacía públicos estos hechos.

A continuación me hicieron pasar 48 horas sin comer, me torturaron y me llevaron el domingo ante un juez de Isla de Sal aproximadamente a las 14 horas. Esta jueza que además ignoró lo único que podía decir, que yo era un Enviado Especial de la República Bolivariana de Venezuela con inmunidad diplomática y que tenía los documentos que lo probaban.

Pero solo pensó que era urgente para ella ir a almorzar y en no más de 20 minutos, si mi memoria no me falla, de los cuales no entendí casi nada de lo que decía porque yo no hablo portugués y ella no habla español. Lo dijo con mucha alegría y malicia en su rostro como si nada de lo que yo pudiera decir, mostrar o hacer fuera a cambiar una decisión que ella ya tenía instrucciones de ejecutar, según mi opinión. No tuve audiencia, no se me permitió mostrar documentos, nada. Todo estaba ya decidido. En la cárcel de Sal fui aislado y trasladado como un gran criminal a la isla de Barlovento.

Durante todo este tiempo el gobierno de Venezuela, así como otros países, siguieron recordando a Cabo Verde mi condición de Enviado Especial. No hubo respuesta de Cabo Verde.

Está claro que hubo participación de altos funcionarios para llevar a cabo este secuestro. Espero que la justicia de su país juzgue algún día a los responsables, porque le aseguro que serán juzgados, si no en Cabo Verde, ciertamente en tribunales internacionales.

En los últimos días, José Landim, el Fiscal General, ha admitido públicamente que no existía ninguna orden de detención que respaldara la supuesta notificación roja de Interpol. El documento se ha hecho público y se puede ver claramente. Esto significa que la notificación roja no tenía validez como base para realizar una detención según la legislación de Cabo Verde. Además, ninguna orden de detención fue, ni ha sido nunca, emitida por un juez local de Cabo Verde. De hecho, como también sabemos por el Tribunal de Justicia de la CEDEAO, no había ninguna notificación roja en el momento en que Natalino Correia subió por la fuerza a mi avión.

No me “enseñó una notificación roja» como afirma. Lo que sí me mostró fue una imagen en su teléfono móvil y dijo que era una notificación roja. No tengo ni idea de lo que es esa imagen, ya que se limitó a agitar su teléfono delante de mí durante un par de segundos. ¿Qué agente de policía se presenta sin una orden de detención física y sin una copia impresa de una notificación roja para realizar una detención? Sólo uno que se dedica a un secuestro por motivos políticos.

José Landim dice ahora que está rectificando un «error trivial», pero su «error trivial» me ha mantenido detenido ilegalmente durante más de 400 días. Su «error trivial» ha provocado que me torturen física y psicológicamente, que me mantengan aislado, que me nieguen la comida, que me nieguen la atención sanitaria especializada, que me nieguen el acceso adecuado a mis abogados y que me nieguen el contacto con mi familia. No se trata de un «error trivial», sino de una campaña sistemática por motivos políticos para quebrantarme mental y físicamente.

Mi equipo de defensa lleva más de un año señalando este y otros errores y solo ahora José Landim presta atención porque sabe que el Tribunal Constitucional no va a soportar sus juegos y medias verdades.

Si José Landim tiene tanto interés en corregir errores graves, ¿quizás pueda explicar por qué, cuando Cabo Verde fue informado a las pocas horas de mi secuestro de que soy un Enviado Especial legalmente nombrado, no fui liberado una vez que se conoció «el error»?

¿Puede José Landim explicar por qué, si la notificación roja fue la base de mi detención, como ha proclamado hace apenas unos días, no fui liberado inmediatamente la notificación roja fue cancelada el 25 de junio de 2020 después de que Venezuela impugnara con éxito su publicación?

Todos sabemos por qué: fue para permitir a sus amigos estadounidenses apurar una solicitud de extradición a Cabo Verde. Desgraciadamente para José Landim y sus amigos americanos estaban tan interesados en enviar la solicitud de extradición que enviaron el documento con una orden de arresto a nombre de OTRA PERSONA y no del mío. Cualquier persona encargada de velar por la ley y la justicia, como José Landim, debería haber aceptado en ese momento que se trataba de un grave error de procedimiento y haberme liberado. Mi equipo lo señaló inmediatamente pero, debido a la naturaleza política de mi persecución y no porque se basara en ninguna cuestión legal, ignoró el error y continuó su obsesiva persecución ilegal contra mí.

José Landim ha pasado por alto deliberadamente estas imperdonables cuestiones de carácter político. El problema al que se enfrentan él y el gobierno de Ulisses Correia es que el Tribunal de Justicia de la CEDEAO reconoció estas graves faltas tanto de Cabo Verde como del derecho internacional y, en decisiones vinculantes del 15 de marzo y del 24 de junio, declaró mi arresto ilegal, mi detención ilegal, el proceso de extradición, por tanto, ilegal, y ordenó mi liberación inmediata y el fin del proceso de extradición. El Tribunal de la CEDEAO también condenó a Cabo Verde a pagarme 200.000 dólares por daños y perjuicios, y he dejado claro a mis abogados y a las autoridades caboverdianas que deseo que ese dinero se destine a organizaciones benéficas para niños en Cabo Verde. Lamentablemente, las autoridades de Cabo Verde se han negado a pagar ese dinero.

El grupo de expertos de la CEDEAO estaba dirigido por la jueza Januaria Costa, una magistrada caboverdiana muy respetada y antigua ministra de Justicia. Obviamente, ella ignoró las consideraciones políticas y se aseguró de que el Tribunal de la CEDEAO pudiera ver las violaciones muy evidentes de la ley de Cabo Verde y dictaminó que yo debía ser liberado.

El 25 de enero de 2021 fui finalmente trasladado de la prisión de Sal al «arresto domiciliario». Lamentablemente, el arresto domiciliario que practica la policía de Sal no se parece a ningún otro arresto domiciliario en el mundo. Permanezco encerrado las 24 horas del día, hay 50 policías armados y tienen las llaves de la casa y entran aleatoriamente a todas horas del día para perturbar deliberadamente mi sueño, no se me permite cerrar la puerta de mi habitación, no puedo recibir visitas de mi elección, mis abogados son registrados al entrar y salir de la casa y sus papeles son revisados.

Estoy rodeado por la policía y el ejército en cuatro casas a los lados y delante de la que estoy detenido. A pesar de que el tiempo máximo que puedo estar en arresto domiciliario ha expirado, sigo encerrado sin ninguna señal de ser liberado. Mis solicitudes de habeas corpus a las autoridades para ser liberado han sido rechazadas porque dicen que ya estoy libre. Como ya he dicho, el arresto domiciliario en Cabo Verde no se parece a ningún otro lugar del mundo. Agradecería a los buenos ciudadanos y vecinos míos de Sal que enviaran algunas fotografías al Tribunal Supremo para ayudarle a entender que no estoy libre.

De todos modos, como ya saben, más de 400 días después de mi secuestro por Natalino Correia y José Landim, mi caso está ante el honorable Tribunal Constitucional. El Tribunal es respetado en todo Cabo Verde y es de esperar que los honorables jueces hayan tenido la oportunidad de entender, especialmente a la luz de la confesión del Fiscal General José Landim, que los 12 puntos de constitucionalidad que mis abogados han presentado (cuyos detalles serán compartidos con ustedes en los próximos días), son todos con mérito y consistentes con la posición de que no solo nunca debería haber sido arrestado y detenido, sino que debería, como la Jueza Costa ha señalado, ser liberado inmediatamente.

José Landim quiere hacerles creer que mi caso es complejo, pero la realidad es la contraria. Soy un diplomático legalmente designado por Venezuela y, como cualquier otro Estado soberano, es derecho de Venezuela elegir a quien lo represente. Al igual que Cabo Verde eligió al ciudadano portugués César De Paçao como su cónsul honorario en Florida, a pesar de que tenía conocidos vínculos con grupos racistas y extremistas de extrema derecha. Lo que ha intentado hacer es lo que le han ordenado los Estados Unidos, especialmente una vez que todos descubrieron que soy un diplomático legalmente nombrado, fue precisamente hacer que mi caso sonara lo más complicado posible y así buscar la manera de enterrar la verdad, aceptar ofertas inconstitucionales de reciprocidad y reducción de cargos a través de notas diplomáticas y no de un tribunal y así sucesivamente.

José Landim se ha atado a sí mismo en tales nudos que, por un lado, afirma que las decisiones del Tribunal de la CEDEAO no son vinculantes para Cabo Verde, pero, por otro lado, ha participado plenamente en el Proceso de la CEDEAO, ha intentado que se anule la decisión del 15 de marzo contra Cabo Verde y luego, el 22 de junio, dijo al Tribunal Constitucional que mi posición no está clara ya que «¡todavía está esperando una decisión del Tribunal de Justicia de la CEDEAO! Supongo que cuando se han dicho tantas mentiras será difícil recordar cuáles se han dicho a quién y dónde.

Repito que la verdad es que José Landim y Ulisses Correia han sabido, desde el momento en que Natalino Correia subió a mi avión, que soy un Enviado Especial legalmente designado y que, por tanto, tengo derecho a la inmunidad e inviolabilidad. Cabo Verde tiene derecho a objetar mi presencia en su territorio, declararme persona no grata y pedirme que continúe con mi misión humanitaria. No tenía ninguna intención de entrar en el territorio de Cabo Verde y fue la policía caboverdiana la que me obligó a comprar un visado de entrada antes de llevarme al aislamiento.

Pueblo de Cabo Verde, sois inocentes de mi secuestro, que ha sido llevado a cabo por funcionarios débiles y poco dispuestos a cumplir la ley y que se han sometido a la presión política de un país que pretende seguir su agenda. Como he dicho, cualquier persona decente y moral que por fin admita sus graves errores (que mis abogados han puesto de manifiesto durante 400 días), debería ordenar inmediatamente mi liberación. Pero está claro que José Landim no es una persona así y, lo que es peor, responde ante algo que no es la Constitución de Cabo Verde. Y lo que es peor, el Primer Ministro Ulisses Correia sigue callado como la esfinge, mirando a lo lejos y fingiendo que no es consciente del caos jurídico que ha permitido que se desarrolle a su alrededor”.